La crisis electrica dentro del plan de destruccion nacional

La crisis electrica dentro del plan de destruccion nacional

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Destruccion de Venezuela

Humberto Tirado Sánchez

Mientras la mayoría de los venezolanos trata al menos de igualar sus ingresos con los crecientes costos de la cesta básica, un grupo muy pequeño alterna este drama con la no fácil tarea de organizar lo que será la resistencia contra el deseo del presidente de mantener el poder hasta  “el dos mil siempre”.

Supongo que los lectores afectos a la gestión gubernamental comentarán que “quienes integran ese pequeño grupo, son miembros de la oligarquía, financiados por el imperio y que definitivamente ¡No pasarán!”.

Mientras transcurre esta diatriba entre venezolanos, el régimen continúa su tarea demoledora de instituciones, de empresas, de empleos, del poder adquisitivo y del futuro de los jóvenes y en general de todos los venezolanos, sin distingo de color político. Como ejemplo, de acuerdo a datos de Conindustria, desde 2002 hasta la fecha, el Gobierno nacional expropió 988 empresas y hasta hace dos meses, 41% más que las del año pasado. Estos datos revelan que ya nadie es dueño de nada bajo este gobierno. Si la empresa mediana, pequeña o grande, funciona bien, el Gobierno inventa cualquier excusa para expropiarla y “ponerla en manos de los trabajadores”. Muchos de los sindicatos que cayeron en la trampa de las expropiaciones hoy se ven expuestos a una situación denigrante, salarios caídos y malversación por parte de personeros oficialistas que juegan a la corrupción.

El escenario expuesto sólo genera incertidumbre jurídica, aleja las inversiones y afecta las posibilidades de incrementar la producción lo cual se traduce en desabastecimiento e incremento del costo de la vida y del desempleo y sus consecuencias, entre ellas la inseguridad. Como afirma  Jorge Botti, presidente de Fedecámaras: "cada vez que se expropia una empresa, esta acción funciona como un elemento inhibidor, de miedo a millones de venezolanos que tenían intención de invertir". Esta afirmación se corrobora con los datos del Banco Central de Venezuela (BCV) que indican que en el segundo trimestre, del año 2011, la inversión cayó 3,6% para llegar al nivel más bajo en los últimos cinco años. La inversión extranjera tampoco es alentadora. De allí la inmensa paralización que refleja la economía. Dice Botti: “Los Gobiernos inauguran, no expropian”. Estimaciones de Ecoanalítica calculan que el Gobierno nacional adeuda 20.000 millones de dólares por concepto de expropiaciones, monto considerable que debería ir a la construcción de edificaciones escolares, de salud, viviendas; construcción y mantenimiento de la infraestructura vial, de medios masivos de transporte, sistemas de producción y distribución de energía eléctrica, entre otras obras. Al respecto, decía el gobernador César Pérez Vivas: “nuestro pueblo necesita vivir en paz, sin la incertidumbre de que el día de mañana se quedará sin empleo”.

Todavía me resisto a creerlo, pero los hechos indican que este Gobierno gestiona la ruina de todos para que dependamos de sus dádivas. Así cada cadena, cada anuncio del presidente se refiere a la expropiación, a la intervención, léase cierre de alguna unidad de producción y el consecuente cierre de fuentes de empleo. Durante estos últimos meses le tocó a 25 fundos productivos en el Zulia con  la excusa de “adjudicarle esas tierras a las comunidades indígenas de la etnia Yukpa”; a la trasnacional Agroflora en el centro del país, a canteras en Anzoátegui y a tres emisoras radiales. Y no es casualidad las advertencias sobre una posible intervención a las empresas que producen y comercializan agua potable y los cierres temporales como sanción, de empresas exitosas como Farmatodo y Unicasa.

Plan Nacional para una Nueva Venezuela

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Plan Nacional para la Ordenación del Territorio (Rafael Caldera)

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PLAN NACIONAL VI

Alberto Quiros Corradi

Con este artículo continuo la serie de las ofertas sobre políticas públicas que debe hacer la oposición. Se requieren propuestas distintas y audaces. Hoy hablaremos sobre política social. En materia de salud este régimen impuso limitaciones constitucionales a su atención por insistir que “los bienes y servicios públicos” son propiedad del Estado, la cual impide la participación de los medios privados en ese sector. Se paralizo el proceso de descentralización de los servicios de salud. La Misión Barrio Adentro es ineficiente, al igual que la atención en los hospitales del Estado. El seguimiento a las condiciones de vida y enfermedades recurrentes en la población es inexistente. No se ha diseñado un plan nacional habitacional para atender el enorme déficit existente. Más aun, este régimen es el que menos viviendas ha construido de todos los gobiernos anteriores. El plan de pensiones del Seguro Social Obligatorio (SSO) es evidentemente insuficiente tanto en su cobertura como en los montos que paga. A pesar de los enormes ingresos recibidos el régimen no ha establecido un plan nacional de seguridad social moderno y solidario que incluya atención a la salud, pensiones, seguro de desempleo y plan habitacional, además de garantizar una educación acorde con el siglo XXI para todos los niños en edad escolar.

Sugiero: - Crear un fondo de compensación al cual contribuirán todas las empresas de seguros que servirá para contribuir al costo de cobertura de las enfermedades hoy excluidas de estos beneficios. Ello permitirá cubrir a todas las personas independientemente de la edad y de las enfermedades previas. - Diseñar un seguro gratuito que cubra la atención médica básica de todos los ciudadanos, financiado y prestado por el Estado directamente o contratado al sector privado que podrá ser complementado por los seguros privados. Habrá que revisar el plan de pensiones y decidir sobre la conveniencia o no de convertirlo en un sistema individual al estilo de Chile. Quizás dada la estructura del seguro actual será más fácil continuar con el sistema de fondo colectivo. En todo caso hay que revisar tanto su estructura como las contribuciones individuales, patronales y del Estado. Para financiar el sistema de seguridad social, tanto en lo relativo a las pensiones como en salud, se tomará parte del fondo petrolero que se creará de acuerdo a lo sugerido en mi artículo del 04-07-10.

Otra opción sería destinar la regalía petrolera por un periodo de tiempo para crear estos fondos. Un área donde un nuevo gobierno tiene que ser creativo es en el desarrollo de planes de viviendas populares para acabar con la marginalidad actual de los barrios. Pero el esfuerzo tiene que ir más allá. Hay que diseñar una nueva infraestructura para seleccionar nuevas áreas urbanas, embaular las quebradas que se desbordan a la menor lluvia, reubicar las viviendas construidas en zonas de peligro y reemplazar las construidas con materiales inadecuados. Este proyecto solo se podrá desarrollar mediante la estrecha colaboración entre el Estado y el sector privado. El país se despertó a las deficiencias sociales que sufren la mayoría de sus ciudadanos. En un próximo gobierno habrá que convertir esta preocupación en acción. Para ello, en forma prioritaria, hay que poner a disposición de los que más lo necesitan servicios de salud, educación, vivienda, pensiones adecuadas y, lo más importante, una seria preocupación colectiva por superar la pobreza. Sentir el dolor de los desposeídos como propio.

¡No más de lo mismo!

PLAN NACIONAL

Alberto Quiros Corradi

Inicio con este artículo una serie de las ofertas sobre políticas públicas que debería hacer la oposición. Se requieren propuestas distintas y audaces. Empezaré por el petróleo.

Este régimen enterró el modelo estatizador de explotación petrolera instalado a partir de enero de 1976. El modelo no podía ser permanente. Cumplido el objetivo de que la Nación aprendiera, todas las complejidades del negocio petrolero, había que desarrollar un modelo más flexible que nos beneficiara por la presencia de otros actores nacionales y extranjeros que suministraran tecnología y capital.

El peligro de la estatización petrolera siempre fue que el Estado/gobierno pervirtiera la naturaleza comercial del negocio y pusiera la explotación petrolera al servicio exclusivo de sus fines proselitistas. En eso estamos y en el camino se ha destruido la capacidad operativa y comercial de PDVSA. Se ha prostituido a su gerencia. Se ha utilizado su generación de caja con fines políticos, dentro y fuera de Venezuela. A pesar de los altos precios del petróleo no se ha invertido en desarrollar nuevos barriles de producción, ni en contener la declinación natural de los yacimientos. No se le ha hecho mantenimiento a las instalaciones cuya consecuencia ha sido cierres y accidentes en nuestras refinerías y la necesidad de importar gasolina y componentes para atender el consumo del mercado interno. Los tardíos acuerdos que se han firmado para desarrollar la Faja del Orinoco con empresas y gobiernos extranjeros contiene cláusulas que el régimen no se atreve a publicar. Como tampoco informa de los costos reales de acuerdos especiales como el de Cuba. Ante esta debacle la política petrolera del futuro no puede mantenerse como la actual ni recrear el pasado.

Propongo:
- Establecer constitucionalmente que el subsuelo es de la Nación (todos nosotros) y no del Estado (la representación política y jurídica de la Nación) El Decreto del Libertador de 1829 transfirió las minas a la República que las daría en propiedad a los ciudadanos que las solicitaran. No hay pues antecedente histórico para que el Estado haya confiscado la propiedad del subsuelo y le negara a los ciudadanos participar en el negocio petrolero.
– Liquidar a PDVSA, pagarle las prestaciones sociales al personal activo y al despedido ilegalmente en el año 2002-2003 y crear una nueva empresa nacional mucho más pequeña que la PDVSA actual, la cual competirá en igualdad de condiciones con otras empresas petroleras privadas, estatales y mixtas. Bajo este nuevo esquema se espera que se constituyan empresas petroleras venezolanas-privadas.
– Modificar la ley de hidrocarburos, líquidos y gaseosos, para permitir la participación privada, nacional y extranjera en todos los aspectos de la industria petrolera y flexibilizar sus cuellos de botella.
– Crear un instituto autónomo para supervisar la explotación petrolera y otras fuentes de energía.
– El impuesto sobre la renta, bonos y regalías que paguen las empresas irán a un solo fondo, una parte de este se utilizará para contribuir al presupuesto nacional. Otra se reinvertirá para hacerlo crecer. Por unos años parte del fondo no utilizado para el presupuesto servirá para crear un fondo de pensiones y un sistema de seguridad social solidario y colectivo. Hecho esto, las ganancias del fondo se repartirán entre los venezolanos mayores de 18 años. Hay otras variables, lo importante es establecer desde ya que lo que el petróleo genere pertenece a todos y debe utilizarse directamente para beneficio de todos.
¡No más de lo mismo!