EL FALSO DILEMA

Alberto Quiros Corradi

Una negociación colectiva entre un patrono y un sindicato solo se resuelve si lo máximo que está dispuesto a ofrecer el patrono está por encima de lo mínimo que aceptaría el sindicato. Si el contenido de la negociación no está dentro de ese rango, habrá conflicto.


Un brillante ensayo de Fernando Mires (“El dialogo político”, Tal Cual, 18-05-13) aclara dos cosas fundamentales: 1. Diálogo es una discusión filosófica entre dos amigos en busca de la verdad. 2. Es absurdo suponer que en política puede haber diálogo (Mires dixit). Se “negocia” entre posiciones enemigas que tampoco se resolverán a menos que, como en el caso de la negociación colectiva, lo máximo que esté dispuesto a conceder una parte esté por encima de lo mínimo que aceptaría la otra.

Lo anterior viene al caso porque dado el deterioro de la economía nacional el régimen le ha pedido a los empresarios que produzcan y a Maduro que gobierne. En artículo anterior escribimos que no estaba mal que Polar le diera una “ayudadita” al gobierno. Pero esa reunión (Polar/gobierno) y las otras entre empresarios y el oficialismo están muy lejos de tener el contenido global que se requiere para una verdadera negociación, aunque, dentro de la oposición hay quienes sostienen que si no se ayuda al régimen en lo económico habrá desabastecimiento e inflación, todo lo cual generara violencia.

Ayudar. Si los empresarios se hacen los sordos ante el “acercamiento” del gobierno, los que sufrirán más serán los que menos tienen, que no pueden acceder a un mercado negro de alimentos que seguramente se desarrollará a altísimos precios. Pero, si los venezolanos nos vamos a conformar con una economía que pretenda funcionar en algunos rubros con un gobierno cuyas políticas públicas son en su mayoría inaceptables, por lo menos se debe exigir que se negocie con las instituciones representativas (Fedecamaras y Federaciones Sindicales libres) La táctica del “salami” del régimen desarticulándonos rebanada por rebanada es sumamente peligrosa porque no se puede excluir de la negociación la economía y todas las otras políticas públicas: Control de cambio, de precios, desempleo, de rutas de distribución, abuso de poder, corrupción, presos políticos, separación real de los poderes públicos, desinversión en infraestructura, petróleo, electricidad, agua, educación y salud.

No ayudar. La posición de algunos es “a este gobierno ni agua”. Ha habido demasiados abusos de poder, irrespeto a la ciudadanía, ineficiencia, persecución política, una enorme corrupción institucional y violaciones criminales a los derechos humanos para que, ahora que el gobierno está implosionando, vengamos a darle una “manita” para prolongarle la vida. Hay que esperar que se produzca un estado de ingobernabilidad insostenible. Hay, además, razones suficientes para dudar del resultado electoral. Hasta que el TSJ no se pronuncie sobre la impugnación de la presidencia de Maduro, a los ojos de muchos a este régimen no se le debe ayudar so pena de ser cómplice de un gobierno que además de ilegítimo se está derrumbando.

Conclusiones. Lo anterior puede ser interesante pero es algo irrelevante. Aunque el gobierno acepte negociar con la oposición “el paquete completo”, el resultado está condenado al fracaso. Mientras el régimen insista en el socialismo del siglo XXI (comunismo), el nudo del problema estará en que lo máximo que puede ofrecer en lo político-económico estará muy por debajo de lo mínimo que puede aceptar la oposición.

¡Vamos derecho a una debacle social!

VENEZUELA 2030 (I/III)

Alberto Quiroz Corradi

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En Venezuela aunque muchos quieren “salir de Chávez” muy pocos se dedican a pensar en cómo será el “día después”. A principios de los noventa, escribí sobre una visión de Venezuela en el año 2020. Hoy, cortesía del régimen, me veo obligado a posponer mis visiones hasta el año 2030. Resumiré mi ensayo en tres entregas semanales.

1. Lo político. En el año 2016, el país regresó a su nombre histórico de República de Venezuela. El período presidencial se redujo a 4 años, con una reelección inmediata. Se creó de nuevo la Cámara del Senado en el Congreso Nacional. Se promulgó una nueva Constitución en la cual quedó claro -de una vez por todas- la diferencia entre Estado (los pocos que nos gobiernan) y Nación (todos nosotros). El poder lo tiene la Nación y solo por delegación expresa de los ciudadanos pueden asignárseles atribuciones al Estado. Enterrado está el nefasto concepto de que el Estado puede reservarse, por su sola disposición, el usufructo de algún derecho o propiedad colectiva. Ahora no le está vedado a ningún ciudadano el derecho a participar directamente en la explotación de un bien común. El año 2016 es recordado en Venezuela como el año de la nacionalización verdadera de los recursos naturales, comunes, colectivos y propiedad de todos los ciudadanos. Se estableció una doble vía entre el político y el tecnócrata, creándose un verdadero “híbrido” que se siente cómodo en los dos sectores.

2. Lo empresarial. El sector productivo aprovechó -a partir del año 2013- las nuevas tendencias mundiales para reorganizarse. Se crearon redes interactivas entre empresas. Se cruzaron acciones corporativas. Se aplicó el principio de la fortaleza relativa para lograr la cadena productiva y comercializadora más eficiente. Se optimizó el uso del mercado de capitales y se le extrajo el máximo beneficio. El entorno político social reconoció la importancia de la propiedad documentada, como palanca para lograr un efecto multiplicador de los bienes y las tierras anteriormente improductivos. El sueño de Hernando de Soto empezó a tomar cuerpo en Venezuela en el 2015. El Estado reinventó su rol y de obstaculizador del progreso pasó a ser facilitador del esfuerzo individual y colectivo. Se multiplicó el trabajo desde el hogar y el paso de asalariado puro a asalariado accionista se dio aceleradamente.

3. Los sindicatos. Pasaron a ser socios de las empresas. La frontera entre intereses -hasta entonces contrapuestos- empezó a diluirse. La creación de fondos, cuyas acciones se cruzaban, le dio al trabajador la oportunidad de tener un interés real y concreto en sectores diferentes a los de las actividades de sus empresas. La Nación entendió que sin un marco normativo flexible en materia laboral no era posible financiar el desarrollo. Se reconoció el derecho de todo ciudadano al trabajo y se eliminó de la legislación el derecho patronal al despido de sus trabajadores mediante pena pecuniaria, por capricho y sin causa justificada. La normativa legal se limitó al establecimiento de las condiciones mínimas imprescindibles para regular la relación entre el capital y el trabajo. La contratación colectiva es el instrumento regulador de esas relaciones. Ya no hay sindicatos con la antigua inevitabilidad de la confrontación. Ahora existen “Comisiones” que representan a diferentes sectores. Todos agrupados en la asamblea de accionistas. El viejo dilema de la repartición de los beneficios entre el capital y el trabajo se resolvió mediante la estrategia de tener representación de los dos sectores en cada uno de ellos.

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