La operatividad de la refinería no logra superar 53% de su capacidad a seis meses del accidente
El Nacional / Felipe González Roa
La unidad de destilación número 5 presenta fallas y la planta de flexicoquer está paralizada por mantenimiento correctivo. El plan indica que será después del 15 de marzo cuando se ponga en marcha el equipo, pero por el momento el complejo sólo opera a 53,4% de su capacidad, según cifras difundidas por el ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, hace semana media.
En esa ocasión, el funcionario señaló que procesan 345.000 barriles diarios, nivel inferior incluso al que se dijo que alcanzó al mes de la explosión que fue de 360.000 barriles. La capacidad del complejo es de 645.000 barriles por día.
“Vamos a empezar el desmantelamiento de los tanques con una empresa que tenemos de ingeniería y mantenimiento”, indicó Ramírez sobre los trabajos que se iniciarán en corto plazo. “Le hemos dado prioridad a todo lo que tiene que ver con la atención del personal afectado y de sus viviendas”, agregó.
Actualmente Petróleos de Venezuela no tiene una fecha que indique el pleno restablecimiento de la refinería. Entre expertos del área hay consenso en que se podría lograr la completa operación en un lapso de entre 18 y 24 meses, dependiendo de las inversiones que se hagan este año.
Una consecuencia inmediata que tuvo la explosión fue que Pdvsa se vio obligada a importar productos refinados terminados que antes del accidente no lo hacía o sólo se limitaba a traer bajos volúmenes para cubrir déficit eventuales.
El ministro Ramírez niega que se compre gasolina en el exterior no así el MTBE, siglas de metil ter-butil-éter por sus siglas, que es un aditivo que se utiliza para la elaboración de gasolinas verdes o sin plomo. Las cifras del Departamento de Energía de Estados Unidos, no obstante, muestran que después de agosto pasado se cuadriplicaron los despachos de combustibles a Venezuela: pasaron de un promedio de 27.000 a 108.000 barriles por día, entre otras razones, porque ahora no sólo despacha MTBE sino también gasolina para vehículos y en menos cantidades fuel oil, diesel y lubricantes.
Demoras
En Amuay persisten las denuncias sobre retrasos en la conclusión de las obras y la indemnización por parte de Pdvsa a las familias o propietarios cuyas viviendas o comercios quedaron afectados. “No se han corregido las fallas que ocasionaron la fuga y más bien hay denuncias de operadores de las plantas referidas a que desde el fin de semana pasado reapareció una fuga”, dijo Iván Freites, director de la Federación Unitaria de Trabajadores del Petróleo de Venezuela en Paraguaná.
Exigen al TSJ pronunciamiento sobre explosión
Hace seis meses el ingeniero José Méndez solicitó a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia garantizar una adecuada investigación sobre la explosión en el Complejo Refinador Paraguaná, ubicado en Amuay, tiempo que ha pasado sin que hasta ahora el máximo juzgado haya dado una respuesta a la petición.
"El Tribunal Supremo de Justicia no ha tomado ninguna decisión. Cuando presentamos la acción era obligación del Estado inmediatamente proceder a proteger a las víctimas, garantizar la rigurosidad de la investigación y preservar la custodia de la cadena de evidencia", comentó.
Tras la explosión, registrada en agosto del 2012, Méndez acudió a la Sala Constitucional y ejerció un amparo. La ponencia fue asignada al magistrado Arcadio Delgado Rosales, quien, empero, aún no ha tramitado la solicitud.
El accionante criticó que no se haya tomado ninguna medida para preservar la cadena de evidencias, lo que, según advirtió, dificulta el desarrollo de las investigaciones e impide que se pueda arribar a conclusiones que permitan determinar las causas del incidente.
"En ningún país del planeta tierra la industria petrolera, en sus procedimientos claramente establecidos, permite que el que viola los procedimientos sea el mismo que investigue", acotó.
"Es un acto de tremenda irresponsabilidad que la fiscal general Luisa Ortega Díaz no haya preservado la evidencia. Barrieron la evidencia. Es una actividad criminal por parte del Estado", añadió.
Méndez lamentó que hasta ahora no se haya tomado las medidas necesarias para proteger a las víctimas y garantizar el cumplimiento de sus derechos.
"El gobierno tiene una responsabilidad con las víctimas. Las víctimas no han sido compensadas. Nosotros pedimos que se abra una investigación. Nosotros pedimos que se estableciera un comité multidisciplinaria de expertos, como se hace en la industria tradicionalmente", apuntó.
El accionante destacó que desde el 2004 se habían presentado denuncias sobre deficiencias en el manejo de la industria petrolera venezolana.
"Esto era una tragedia anunciada. Desde el 2003, cuando el presidente Hugo Chávez con un pito decidió botar a 23 mil de los mejores ingenieros, técnicos y trabajadores de la industria, esto iba a tener consecuencia", concluyó
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